El pasado mes de agosto se aprobó por la Xunta de Galicia el Decreto nº 206/2008, de receta electrónica. En los pocos meses transcurridos desde entonces, se ha pretendido que las Farmacias adopten forzadamente el sistema, que los fabricantes y desarrolladores de software abran sus códigos-fuente para que sean revisados e “intervenidos” y, finalmente, que los auxiliares de farmacia desaparezcan, por no tener buen acomodo en el sistema de homologación de la e-receita, lo que le ha valido al Decreto su impugnación ante los tribunales.
Esta iniciativa, ni es nueva, ni ha sido la única llevada a cabo por una Comunidad Autónoma. No es nueva porque ya desde finales de los años noventa, desde la Administración General del estado se desarrolló el denominado Proyecto “Pista-Sanidad” que, en una fase avanzada de pruebas quedó paralizada por falta de fondos y de impulso. Tampoco es la única Comunidad Autónoma que ha regulado “localmente” la receta electrónica: Cataluña, Andalucía, Valencia, Baleares o Madrid son ejemplos de ello. La CA de Extremadura también está en su fase final de implantación.
Asistimos a unos desarrollos autonómicos que bien podrían entrar en conflicto, tanto con la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud como con la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios que son las normas que fijan las reglas básicas en materia de expedición y dispensación de medicamentos. Y ello porque no sólo se dificulta la implantación de un sistema coordinado y compatible de dispensación de recetas electrónicas a nivel nacional, sino porque se obliga a los implicados a seguir unos sistemas de “homologación” y/o “acreditación” que, en el mejor de los casos, implica un intervencionismo excesivo, impone inversiones innecesarias, acaba con la innovación en software propietario por parte de las empresas desarrolladoras, bordea las normas de la libre competencia y olvida la regulación en materia de protección de datos de carácter personal.
Si bien los avances en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación son positivos, por el ahorro de costes y la optimización de la gestión que puede suponer, parece razonable que no se legisle en tales cuestiones sin haber recabado, previamente, la opinión de los factores implicados en ello. El espejo, la administración de justicia: sistemas informáticos diferentes, incompatibles entre sí, inexistencia de conexión entre unos y otros, etc.
No creemos que estas iniciativas sean buenas para un sector tan importante y estratégico como el de la Sanidad.
Este artículo ha sido publicado en el Diario Farmaceútico “El Global”. Podéis encontrarlo aquí.
Escrito por Alvaro Suarez 
